- Dice que solo realizarán sus funciones en la calle en supuestos excepcionales
- Jorge Fernández Díaz lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado este miércoles "rotundamente" que la futura ley de Seguridad Privada faculte a los vigilantes a realizar identificaciones, interrogatorios y cacheos en la vía pública, y ha dicho que solo desempeñarán sus funciones en la calle en supuestos excepcionales.
"Niego rotundamente que se faculte al personal de seguridad privada de hacer identificaciones a los ciudadanos, función que está reservada a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado", ha respondido tajante el ministro en la sesión de control del Congreso a una de las dos preguntas del PSOE que ha criticado las iniciativas del Gobierno en materia de seguridad.
El diputado socialista Juan Carlos Corcuera ha acusado al Ejecutivo de restringir las libertades con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y de responder a intereses particulares de las empresas con la Ley de Seguridad Privada, iniciativa ya aprobada en el Congreso, y que ha sido objeto también de otra pregunta del diputado del PSOE Antonio Trevín.
Para Trevín, el derecho a la seguridad, que se convierte en "una mercancía", se privatiza con esta norma, con la que se pretende justificar un "inexistente problema de seguridad" y homologar a España con países más inseguros de nuestro entorno.
"Se empieza privatizando la seguridad y se acaba privatizando la patria", ha denunciado el diputado socialista que ha alertado de la capacidad que tendrán los vigilantes de seguridad de actuar en la vía pública con la autorización correspondiente.
Tras insistir en que la seguridad privada será "subordinada" a la pública, Fernández Díaz ha reprochado al PSOE sus críticas a este proyecto, pues ni presentaron enmienda a la totalidad del mismo ni pusieron de manifiesto su oposición a las modificaciones pactadas con CiU.
Solo ha coincidido con el diputado socialista en que España es "un país seguro", antes de defender que el Gobierno no se puede conformar y debe emprender iniciativas para reformar leyes de hace veinte años.
Con todo, la respuesta del ministro se ha centrado en "eliminar" las dudas sobre la Ley de Seguridad Privada y en determinar "con precisión" la facultad que tendrán los vigilantes privados con la nueva ley.
En primer lugar, Fernández Díaz ha querido dejar claro que los vigilantes podrán desempeñar excepcionalmente sus funciones en espacios públicos como zonas comerciales peatonales y siempre con autorización expresa.
Respecto a la facultad de estos trabajadores de identificar y cachear, el titular de Interior ha defendido que son funciones que no figuran en el proyecto de ley, mientras que ha asegurado que la norma sí recoge la posibilidad de detener y de poner a disposición de las agentes públicos a los delincuentes que infrinjan la ley en el lugar objeto de su protección.
"Es cierto que los vigilantes van a poder practicar controles de documentaciónpara el acceso a inmuebles de cuya seguridad están encargados en los mimos términos que actualmente", ha asegurado.
Y ha concluido: "Es falso, absolutamente falso que los vigilantes puedan comprobar los datos personales de los ciudadanos más allá de los que significa la estricta comprobación de la identidad de las personas" en lugares donde cumplen sus funciones.
