"Los vigilantes privados podrán sustituir a la Policía y Guardia Civil y detener, cachear e identificar a los ciudadanos en calles y espacios públicos" tras el acuerdo del PP y CiU
El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Trevín, ha afirmado que el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que ha aprobado hoy la Comisión de Interior del Congreso, constituye un “nuevo ataque del Gobierno del PP al Estado social” proclamado por la Constitución.
Para Trevín, esta ley “rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato”, ha denunciado.
Trevín ha lamentado el incumplimiento del compromiso del Ministro del Interior a dialogar y buscar acuerdos con el medio centenar de enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. “La propuesta del Gobierno no sólo no ha sido corregida en los aspectos inasumibles para el PSOE, sino que las correcciones se han hecho en sentido diametralmente opuesto”, ha criticado.
En este sentido, ha explicado que los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a la Policía y a la Guardia Civil en calles y espacios públicos, tras el acuerdo alcanzado entre PP y CiU, que amplía el anteproyecto inicial que recogía esta posibilidad para calles peatonales.
Los vigilantes privados también podrán detener, cachear e identificar a los ciudadanos en espacios públicos y podrán encargarse de la seguridad del recinto exterior de las prisiones en detrimento de la Guardia Civil que ejercía estas funciones hasta ahora.
“Las grandes empresas privadas de seguridad están de enhorabuena. Son las principales beneficiadas de esta ley”, ha afirmado el portavoz socialista de Interior. “El Gobierno renuncia con esta ley a seguir concibiendo la seguridad como un derecho para convertirla en un negocio. Quiere convertirla en una mercancía que pueda comprarse o venderse para impulsar definitivamente el principio de los conservadores: que cada uno tenga la seguridad que pueda pagarse”, ha asegurado.
Represión ciudadana
Por otro lado, Trevín reclamará mañana al Gobierno, en el Pleno del Congreso, la “retirada” del Anteproyecto de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ha calificado de ley de “represión ciudadana”, por tener como finalidad impedir a los ciudadanos la manifestación pacífica de sus protestas y reivindicaciones ante los drásticos recortes sociales que aplica”.
A través de una moción consecuencia de la interpelación urgente, el Grupo Socialista insta al Congreso de los Diputados a “rechazar los intentos del Gobierno de restringir mediante iniciativas legislativas derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la libertad de expresión, reunión y manifestación, la libertad de información o el derecho a la huelga”.
“Las normas sancionadoras que tienen como finalidad la protección de la seguridad ciudadana en una sociedad democrática no deben emplearse para restringir injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales vinculados con la participación política de la ciudadanía”, se afirma en la moción que se debatirá hoy.
Además, los socialistas reclaman al Gobierno que “renuncie a la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como elementos de represión de la protesta social” y que “anule todas las actuaciones que han concluido con sanciones económicas injustificadas a personas y colectivos por el simple hecho de ejercer sus derechos constitucionales”.
