+La norma ha salido adelante en el Congreso con el apoyo de PP, PNV y CiU
+Se han introducido más de setenta enmiendas al texto
+PSOE e Izquierda Plural critican la "ruptura" de la seguridad pública
La Ley de Seguridad Ciudadana ha salido adelante este martes en el Congreso de los Diputados, donde se han introducido algunas novedades, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan identificar y detener a personas en la vía pública con la autorización pertinente.
El texto pasa ahora al Senado para su aprobación, cuando han pasado ocho meses desde que el Gobierno aprobara el primer borrador, después de que esta mañana haya sido debatido en la Comisión de Interior del Congreso.
En total, se han introducido más de setenta enmiendas al texto, que cuenta con el apoyo de PP, PNV y CiU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural. Los que se oponen a la norma consideran que supone una preocupante "ruptura" de la concepción de seguridad pública atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La enmienda relativa a las competencias de empresas de seguridad privada permitirá a vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales, en espectáculos deportivos o en cualquier espacio público, con la autorización pertinente.
PSOE e Izquierda Plural ven una tendencia a privatizar
Para el PSOE, según ha asegurado su portavoz de Interior Antonio Trevín, cuando interviene un vigilante de seguridad la "tranquilidad no es la misma", y por ello cree que la decisión supone llenar de contento a ese sector convirtiendo la seguridad privada en "una oportunidad de negocio".
Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son solo "de chapa y pintura" y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista ha señalado que la seguridad pública se da "por terminada". Una "línea roja" que, en opinión de Trevín, no se debe atravesar pues el actual modelo de seguridad es referente mundial.
Preocupante, a juicio del PSOE, es también el poder que concentrarán las empresas de seguridad privada que con la nueva ley podrán tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario, con lo que el proyecto, ha advertido, "irá aparejado a una reducción salarial en todas las empresas".
También muy crítico con la ley se ha mostrado el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde "una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad".
PNV y CiU pactan con el PP las competencias
Más satisfechos con la ley se han mostrado PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios.
"La interacción de los intereses de todos es completa", ha asegurado el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley "es buena pero mejorable". Como satisfactorio ha calificado el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané que también ha reclamado que el Senado mejore el texto.
En concreto, el portavoz de CiU Jordi Jané ha pedido que la Cámara Alta revise "en profundidad" que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública "esté enmarcada en una subordinación". De lo contrario, ha añadido Jané, se corre el riesgo de establecer "departamentos estancos" de seguridad privada y pública.
Por su parte, para el diputado del PP Francisco Márquez, la nueva norma modernizará la actual ley de 1992 y, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.
"La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional", ha enfatizado Márquez para quien el objetivo de la norma es "contribuir a hacer de España un país más seguro".
rtve.es
