El delegado por Castilla y León en la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), Roberto García, ha mostrado sus discrepancias en cuanto a las nuevas medidas contempladas en el proyecto de ley de Seguridad Privada. El proyecto de ley presentado por Fernández Díaz ha incluido correcciones que afectan tanto a vigilantes de seguridad privada como detectives privados.
Concretamente, el título segundo de la nueva Ley de Seguridad Privada contempla que las empresas de seguridad y despachos de detectives deberán inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Según la APDPE esto supone la creación por ley de una situación de clara competencia desleal, ya que, se establece un sistema flexible que permitirá incrementar o reducir los requisitos de las empresas, en función de la actividad desempeñada.
El delegado de Castilla y León en la organización, Roberto García, ha destacado, sobre todo, que esta ley menoscaba el acceso de los ciudadanos a la investigación privada. García alude que “lejos de suponer una mejora en la seguridad privada, esta ley supondrá un retroceso en la legalidad vigente” y se apoya en que “los clientes que requieren de sus servicios precisan los derechos de seguridad y discreción”, valores que se verán fuertemente infringidos con la nueva normativa.
El proyecto de ley del Ministerio del Interior contempla, además, entre sus novedades la elaboración de un informe permanente con destinatario la Administración central y que registre tanto los datos del cliente, el encargo, los medios utilizados así como los resultados obtenidos. Roberto García apunta que este informe, que estará disponible para las Fuerzas y Cuerpos del Estado, “no interesa a la Administración Judicial”, ya que, ve innecesario que este conozca la identidad de un cliente.
La asociación valora de oportunidad pérdida esta nueva ley de la que el principal perjudicado, señalan, será el ciudadano y culpa al Ministro de Interior de legislar desde el desconocimiento de la profesión. En esta misma línea, Roberto García ha destacado que en nuestro país no existe una alarma social en cuanto al ejercicio de su profesión sino que se ha creado a raíz de las actuaciones de grupos como Método 3.
