La seguridad privada de los partidos se llevó en subvenciones 3,3 millones en 2012, según el Tribunal de Cuentas. / Efe.
ETA no existe en la práctica, pero no es óbice para que el Estado siga subvencionando la seguridad privada a los partidos políticos con representación parlamentaria, además de fijar los efectivos policiales necesarios. Según los informes para su fiscalización remitidos al Tribunal de Cuentas, el Estado destina casi 3,4 de euros al año en subvenciones para este concepto; una cantidad a añadir al conjunto de ayudas o subvenciones oficiales que los partidos perciben en función de la ley para su financiación, que en el año 2012 alcanzó la cifra global de casi 210 millones de euros. Pese a estas cifras, los partidos reflejan en sus informes que están arruinados y que precisan más seguridad en estos tiempos que corren.
Según los datos facilitados por los partidos políticos relativos a 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, no basta la seguridad de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, o de las policías autonómicas en los casos catalán y vasco: el conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria necesitan anualmente más de 3,38 millones de euros para pagar su propia seguridad privada. Ese gasto está subvencionado de forma oficial por el Estado a través del Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.
En 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y, por tanto, con los datos ya oficializados, la subvención global en este concepto dada por el Ministerio del Interior supuso un desembolso de 3,38 millones de euros. Pero casi la mitad de esa subvención se la llevó el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor de 1.620.571,56 euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en el Gobierno y gozan de la preceptiva protección oficial. El Tribunal de Cuentas ha dado por bueno ese gasto, señalando que coincide con el informado por el Ministerio de Interior a este Tribunal” pero ‘regaña‘ al PP, porque el informe remitido al Tribunal no contiene la relación pormenorizada de las operaciones imputadas requerida en el artículo 18.2.a del mencionado Real Decreto.
Hay que tener en cuenta que en 2012 el PP ya estaba en el Gobierno, pero que también empezaron a realizarse las primeras grandes manifestaciones por su política de recortes de los derechos sociales. En ese año también se produjeron muchos ‘lanzamientos‘, es decir, desahucios, y se empezó a desarrollar el fenómeno del escrache. De resultas de todo esto, lo que hace el conjunto de los ciudadanos es subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las manifestaciones de los propios ciudadanos. Toda una ironía.
Pero, en fin, el partido de Rajoy no es el único subvencionado, claro está: reciben cantidades variables para seguridad privada -en función de su representatividad- el resto de las fuerzas parlamentarias, aunque algunas deberán reintegrar cantidades a la Dirección General de Política Interior al no haber justificado el suficiente nivel de gasto para las subvenciones recibidas. Se trata de Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos no justificados en seguridad privada; Coalición Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con 1.297,67 euros; Geroa Bai, con 4.753,01 euros; Partido Aragonés, con 9.212,28 euros; Unión del Pueblo Navarro, con 4.556,89 euros, y Unión Progreso y Democracia, que deberá devolver 583,02 euros de los percibidos para este concepto.
Lo que cuesta la seguridad privada de los grandes partidos políticos
En cuanto a los gastos en sí mismos en seguridad privada, aunque sin precisar los conceptos, el segundo partido que más necesita -o, simplemente, más gasta- es el PSOE, que percibió del Estado 899.525,09 euros en 2012, la mitad prácticamente de lo que percibe el PP. El Tribunal de Cuentas da por buenas las cifras aportadas por los socialistas, pero también ha ‘reñido‘ al PSOE por presentarlas fuera de plazo. En todo caso, el partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1.111.559,60 euros al año, unos 200.000 más de lo que percibe por el Estado.
Ahora bien, el PSOE no contabiliza las subvenciones que recibe su ‘filial‘ en Cataluña, el PSC, que tiene contabilidad propia. El partido que dirige actualmente Miquel Iceta recibe una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad privada por importe de 134.650,20 euros. Sin embargo, el PSC asegura que sus gastos en seguridad ascienden a un total de 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida por parte del Estado sólo cubrió el 52,62% de los gastos de 2012. Y eso que en ese año todavía no estaba tan caldeado el ambiente en Cataluña como lo está en la actualidad.
Más complicado es averiguar las subvenciones totales de Izquierda Unida, pero en concreto, la subvención anual recibida por la formación de Cayo Lara para sufragar los gastos de seguridad privada ascendió en 2012 a 154.893,01 euros. Por su parte, la formación catalana coaligada con IU, ICV, recibió paralelamente una subvención para sufragar los gastos de seguridad 36.858,81 euros.
En cuarto lugar, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también tiene un importante gasto en seguridad privada: refleja haber gastado 127.084,05 euros en 2012. Sin embargo, la formación de Rosa Díez sólo justificó gastos por 126.501,03 euros, lo que refleja un exceso en la subvención recibida por importe de 583,02 euros que la formación política tiene que reintegrar al Ministerio del Interior de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 23 del Real Decreto regulatorio.
La seguridad privada de los pequeños partidos
El resto de las fuerzas con representación parlamentaria también reciben subvenciones para seguridad privada en función de su representatividad. La formación abertzaleAmaiur, por ejemplo, percibió 62.707,46 euros para hacer frente a la seguridad de sus dirigentes y sedes, aunque respecto a la justificación de esta subvención, no declaró gastos de seguridad en el ejercicio 2011, y en el de 2012 ascendieron a 32.396,62 euros; en consecuencia, quedaron pendientes de aplicar un importe de 7.643,12 euros del ejercicio 2011 y otro de 22.621,67 euros del ejercicio 2012: Amaiur tendrá que devolver un total de 30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) recibió en 2012 subvenciones del Estado por un importe total de 974.625,62 euros, de los que 927.037,57 euros fueron para gastos de funcionamiento ordinario y el resto, 47.588,05 euros, a gastos de seguridad.
Por su parte, los nacionalistas catalanes fueron subvencionado con 14.086,95 euros, aunque deberá devolver 1.297,67 euros. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros, y en su caso se ha verificado que los gastos declarados se encontraban debidamente justificados.
A la Chunta Aragonesista se le sufragó su seguridad privada por 8.368,02 euros. Mientras, ERC recibió 34.609,85, aunque la formación de Oriol Junquerasemitió una memoria económica justificativa del coste de las operaciones imputadas a la subvención a la seguridad privada, así como copia de las facturas que los soportan, por un importe certificado de 53.546,79 euros, es decir, más de lo percibido.
El Foro de Ciudadanos (FAC) de Francisco Álvarez-Cascos, con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones del Estado para el funcionamiento ordinario de 250.857,00 euros y para sufragar los gastos de seguridad de 12.877,00 euros. Mientras que el Partido Aragonés fue subvencionado en 2012 con 16.720,78 euros. Sin embargo, esta fuerza aragonesista sólo reconoció gastos de seguridad en el ejercicio 2012 de 9.767,09 euros y no ha aportado copia de las facturas que soportan esos gastos: sólo se han justificado gastos de seguridad asumibles por 5.468,98 euros, por lo que 9.212,28 euros de la subvención abonada en el ejercicio 2012 deberán ser reintegrados.
A Coalición Canaria le correspondieron 20.408,75 euros, ascendiendo los gastos de seguridad justificados por el partido a 3.142,26 euros, si bien resulta subvencionable un importe de 3.000,51 euros. En consecuencia, el remanente de la subvención recibida en el ejercicio 2012 y no aplicado a cierre del mismo asciende a 17.408,24 euros, que deberá ser objeto de reintegro a la Dirección General de Política Interior.
La formación navarra Geroa Bai, con una diputada en el Congreso, justificó gastos de seguridad por 2.585,42 euros, pero la formación recibió 7.338,43 euros, por lo que deberá reintegrar 4.753,01 euros. Mientras que la también navarra UPN recibió una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad por importe de 18.723,53 euros; sin embargo, sólo justificó 14.166,64 euros, por lo que debe devolver 4.556,89.
Y, en fin, Entesa del Progres de Catalunya presentó, con la memoria anual, la memoria de actuación y la memoria económica para justificar la subvención para gastos de seguridad por 134.650,20 euros. Pero la Entesa dice que se gasta en seguridad privada nada menos que 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida cubre sólo el 52,62% de los gastos reconocidos por la formación en este concepto.
Hay que destacar que entre los recursos que integran la financiación pública para funcionamiento ordinario de los partidos políticos se incluye la asignación anual para sufragar sus gastos de seguridad, según establece el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esta subvención es independiente de la que perciben los partidos por gastos electorales y para su funcionamiento ordinario, que en 2012 ascendió a un total de 210 millones de euros, cifra en la que se contabilizan no sólo las subvenciones estatales, sino también las autonómicas y municipales; es decir, todo el conjunto de la subvención oficial.
