20 de mayo de 2015

El Gobierno nombra al ‘juez’ de contratación pública

El Gobierno autonómico pone a Pedro Gómez al frente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. El órgano se creó hace sólo tres meses a cuenta de una directiva europea incorporada al Derecho interno español. Actuará como un juez que resolverá los recursos entre administraciones.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado otro nombramiento en la recta final del mandato. Se trata de Pedro Gómez al que el Gobierno autonómico le encomienda la responsabilidad de dirigir el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Pedro Gómez viene de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial que dirige Domingo Berriel.  Su cese fue acordado por el Ejecutivo el 7 de mayo. Sin embargo, el portavoz del Gobierno no informó de este cambio.
Así, el presidente del Tribunal de Contratos Públicos tendrá que «resolver los recursos especiales en materia de contratación», las cuestiones de nulidad y las reclamaciones y las cuestiones de nulidad que se interpongan en determinados supuestos legales -recogidos en el decreto por el que se crea el órgano- sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
También tendrá que intervenir en las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar y establecer las indemnizaciones que procedan.
En cualquier caso, el decreto señala que las resoluciones del tribunal «pueden ser recurridas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».
En su nombramiento, el Ejecutivo que preside Paulino Rivero considera que en Pedro Gómez concurren los requisitos exigidos, al «ostentar éste la condición de funcionario de carrera Grupo A, Subgrupo A1, con Licenciatura en Derecho y haber desempeñado su actividad profesional en el ámbito de la Administración Pública desde 1990».
Asimismo, se añade que Gómez «cuenta con una dilatada trayectoria profesional que le ha permitido conocer la actividad contractual de la Administración Pública desde diferentes ámbitos, dotándolo de una adecuada cualificación jurídica y profesional».