17 de julio de 2015

Manifestación contra Seguridad Integral Canaria en Las Palmas

En la mañana de ayer, afiliados, delegados y trabajadores de Seguridad Integral Canaria se manifestaron en los alrededores de la Estación de guaguas de San Telmo, en Las Palmas. Protestaban ante la Autoridad única de Transporte por su intención de conceder el servicio de seguridad de estas instalaciones a Seguridad Integral Canaria.

La FTSP-USO Canarias, considera “inadmisible” que la Administración contrate con una empresa “que acumula retrasos en el pago de las nóminas, embargos de la Seguridad Social, declaraciones fraudulentas a Hacienda y multitud de denuncias”

Los distintos Comites de Empresa tanto en Las Palmas como en Tenerife ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa Seguridad Integral Canaria, que entre otros centros de trabajo presta servicio en la mayoria de las sedes de la administraciones públicas, por su “incumplimiento sistemático” del Convenio de Seguridad Estatal, “en concreto en lo referente al pago de los salarios a los trabajadores, algunos de los cuales no han percibido aún la nómina de julio”.

Una empresa que está imputada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial, abonar irregularmente los salarios y multitud de denuncias en todas las inspecciones provinciales de Trabajo por irregularidades manifiestas”.

Desde la FTSP – USO Canarias, consideramos rechazables estas prácticas de la empresa y hacemos responsables a todas las instituciones que, siendo contratistas, no mantienen algún control sobre estas situaciones, sino que continúan adjudicando a empresas PIRATAS, en este caso a Seguridad Integral Canaria, multitud de contratos de seguridad, amparando por tanto la continuación de la mala gestión empresarial, es inadmisible que las Administraciones continúen sin exigir las responsabilidades a estas empresas PIRATAS con sus trabajadores, con la Seguridad Social y con la Hacienda pública, mientras siguen operando y creciendo en su volumen de negocio a costa de las mismas administraciones que son la que deben velar por el cumplimiento de las normas”.