La Audiencia Provincial asegura que el acusado tiene domicilio conocido y cuenta con arraigo familiar
La Audiencia Provincial ha decretado la excarcelación de Edgar C.S., el joven de 19 años acusado de haber apuñalado a un vigilante de Adif el pasado 3 de noviembre en la estación de Sant Vicenç de Calders. El joven ingresó dos días después en prisión por orden del Juzgado de Instrucción 4 de El Vendrell acusado de un delito de tentativa de homicidio. Ahora, la máxima instancia judicial de la demarcación considera que no hay riesgo de reiteración ni riesgo de fuga ya que tiene domicilio conocido y arraigo familiar en España. Se tendrá que personar cada lunes en el Juzgado, tiene que entregar el pasaporte y se le prohíbe abandonar el país.
Poco después de las tres de la tarde del 3 de noviembre, dos jóvenes destrozaron el baño de un vagón de tren. Unos pasajeros alertaron de los hechos a los dos vigilantes de Adif, que salieron en persecución de los autores por uno de los andenes. Uno de los jóvenes sacó una navaja de la chaqueta y atacó al vigilante. El pinchazo dirigido a la zona del corazón fue parado por el teléfono móvil que llevaba en la chaqueta. Poco después, los dos alborotadores fueron detenidos por los Mossos y dos días el sospechoso de la agresión con el cuchillo ingresaba en prisión.
El abogado defensor pidió que se dejase sin efecto la medida cautelar. Apuntaba, entre otros motivos, que su cliente no ha cometido ningún delito castigado con una pena igual o superior a los dos años, ni tampoco existen motivos bastantes para considerarle responsable criminalmente de los mismos. Tampoco existe ningún peligro de que intente ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para la investigación. El fiscal solicitó que el acusado siguiese en prisión preventiva.
Par ala Audiencia, de la declaración de los agentes de seguridad, del visionado de las grabaciones de la estación, la navaja usada, el estado en que quedó la camisa y de la funda del vigilante denotan que los cargos contra el acusado son sólidos. Los magistrados consideran que modificar la medida no tiene porqué frustrar la presencia del investigado en el procedimiento, más teniendo en cuenta que tiene arraigo familiar en España y domicilio fijo, si bien carece de trabajo. En este caso tampoco hay riesgo de afectación de los bienes de las víctimas.
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