10 de marzo de 2017

El Defensor del Pueblo Rafael Ribó, pide a municipios suscribir código para contratos de seguridad privada.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido a los municipios catalanes que establezcan un acuerdo marco de buenas prácticas en la contratación de la seguridad privada, como ya hizo la Generalitat, a partir de la creación de una mesa en la que participen los diversos actores implicados.
En declaraciones a la prensa, Ribó ha detallado que en la mesa deberían estar presentes la Generalitat, la Federación de Municipios de Cataluña, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, las asociaciones de empresas de seguridad y los sindicatos.
 Ribó ha propuesto también que las administraciones y las empresas públicas incorporen la adhesión al Código de buenas prácticas de los servicios de seguridad privada como mérito o requisito para acceder a concursos.
El Síndic ha insistido por otro lado en la necesidad de que la Generalitat “recupere” la competencia, a la que renunció en 2011, de hacer las pruebas de selección para los controladores de acceso.
Según Ribó, “es imprescindible que la Generalitat disponga de competencias reales y efectivas en materia de seguridad privada para dotar de coherencia el modelo de seguridad de Cataluña”.
El Síndic ha pedido por tanto “iniciar las gestiones para conseguir el traspaso de la competencia a la Generalitat, que se podría conseguir a partir de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución”, para que la administración catalana ejerza “una potestad reglamentaria que vaya más allá de la esfera organizativa y funcional”.
El informe, presentado hoy en el Parlament, también sugiere “que se incorporen profesionales de la seguridad pública como directivos o jefes de seguridad” para contribuir “a la mejora de la seguridad privada”, aunque ha aclarado que deben evitarse en todo caso “tratos de favor” y garantizar “una actuación correcta”.
El estudio presentado hoy es el segundo dedicado al ámbito de la seguridad privada; en el primero se abordaba principalmente el problema del intrusismo “en forma de empresas no homologadas, personal no calificado o negocios con fiscalidad opaca o dudosa”.