Resulta llamativo que el 20% de la facturación en nuestro sector, de tanto que hablar y nos ocasione tantos problemas.
Me refiero en concreto a la contratación pública.
Los convenios de empresa, descuelgues salariales, fraude fiscal, retraso en el abono de las nominas e incumplimientos de contratos entre empresas y clientes, por citar algunos ejemplos, se producen de forma mayoritaria en los contratos con las Administraciones Publicas.
Estos hechos se producen, salvo honrosas excepciones, por el pasotismo de la clase política y de muchos funcionarios que no cumplen con su obligación de servicio público al adjudicar los contratos sin los criterios adecuados y haciendo luego la vista gorda con el cumplimiento de los mismos, por no hablar de connivencia con este tipo de empresas.
Durante el último año, hemos oído hablar de la contratación en AENA, METRO-MADRID, DEFENSA y MUCHAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN MADRID, CANARIAS, VALENCIA O MURCIA, por citar algunas de ellas, donde los trabajadores del sector sufrimos unos salarios de miseria, meses sin cobrar, precaria formación y uniformidad, horas extras sin cotizar, etc.
Resulta impensable, por lo menos hoy, el traslado de estos problemas al sector privado, empresas usuarias de seguridad privada tales como EL CORTE INGLES, ENDESA, MERCADONA, solo por poner algunos ejemplos y que representa el 80% de la facturación del sector pudieran permitir estas barbaridades a los que nos someten nuestra clase política.
Resulta impensable que una empresa de Seguridad Privada, contrate con una empresa privada, pacte unas condiciones y luego las incumpla como pasa en el sector publico. No conocemos ninguna Administración Pública que disponga de una oficina o algún sistema de control que verifique que lo pactado en el contrato se cumpla.
Hay muchas empresas que, teniendo conocimiento de esta forma de gestionar de las Administraciones ofrecen mejoras técnicas; cámaras de seguridad, videograbadores, conexiones de alarmas a CRA, desfibriladores, aparatos de oxigeno, mantas antiexplosión, etc. Que luego no ponen a disposición del cliente, lo que supone un ahorro en sus costes. Esto resulta impensable en el sector privado.
Ya lo han comentado los máximos responsables de empresas que son premiadas con contratos públicos y especialistas en el incumplimiento, como ALCOR Y SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA: “Al precio que accedemos a los contratos nos es imposible cumplir”.
En estas fechas se dilucidan varios contratos públicos importantes: AENA, DEFENSA O PRISIONES. Le pedimos responsabilidad a estos gestores públicos, como mínimo, la misma que muestran los usuarios privados de Seguridad.
Resulta impensable en el sector privado que se contrate a una empresa que no tenga oficina en el lugar donde se preste el servicio, que la empresa de seguridad no disponga de una mínima oficina donde recoger uniformidad, presentar las reclamaciones o que se disponga de un Jefe de Seguridad que solucione los problemas a la empresa contratante y supervise el trabajo de los Vigilantes.
Esto ha sucedido de forma habitual en servicios como Defensa, un servicio de muchísimos millones de euros, donde se envía la uniformidad por paquetería a los trabajadores, no hay jefe de seguridad, ni siquiera una mínima estructura empresarial que garantice prestar el servicio con unas mínimas condiciones de profesionalidad.
Lo diremos las veces que haga falta, mas alto, más claro y en todos los foros que podamos. Pedimos responsabilidad y profesionalidad a nuestra clase política, que se gestione el dinero público con equidad y sentido común y que no se utilicen los presupuestos de las administraciones para premiar a empresarios sin escrúpulos y someter a los trabajadores a condiciones laborales y económicas propias del tercer mundo.
