Madrid.- Los vigilantes de seguridad podrán perseguir, identificar y hacer detenciones en los espacios públicos. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados dio el visto bueno ayer martes, con los votos de PP, PNV y CiU, a la Ley de Seguridad Privada, un proyecto que ampara el patrullaje de los vigilantes de seguridad en "zonas comerciales y peatonales". Esto permitirá a las empresas de una zona comercial contratarar los servicios de una empresa de seguridad para que se encargue del control de estas áreas, aunque la ley añade "en coordinación, cuando proceda, con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes".
La nueva norma, que actualizará la anterior, de 1992, pretende otorgar cobertura legal a una práctica "que ya se viene prestando en zonas comerciales desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal, y que hasta ahora no ha planteado problemas”, explican fuentes ministeriales. Aunque la norma regula una práctica cotidiana, ha suscitado fuertes críticas de del PSOE, Izquierda Plural y UPyD, que ven en la ley un asomo de privatización de la seguridad pública. Sin emba
rgo, la norma estipula que para prestar estos servicios “de protección” las empresas de seguridad privada necesitarán la “autorización previa por parte del órgano competente en cada caso”. Además, deberán realizarse en “coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”.
La Ley continuará su trámite parlamentario en el Senado, donde previsiblemente, se ratificará una Ley que permitirá clarificar la “vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones y en sus vías de uso común”; “la vigilancia en zonas comerciales peatonales”; la “vigilancia en acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”; y la “vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”.
El diputado del PP Francisco Márquez, Ponente de la norma, exponía que la pretensión de la norma es "organizar y ordenar” el trabajo de los vigilantes de seguridad en cada caso y en cada ámbito de trabajo. “Se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta”, comentaba Márquez, que también comentó que la norma “no persigue la privatización de la seguridad”.
La oposición, sin embrago, no está de acuerdo con el Gobierno. Antonio Trevín, portavoz socialista en la Comisión de Interior, expuso que la ley "rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato”. “Solo podrán pagarse labores de protección aquellos que tengan recursos para ello”, aseguró Ricardo Sixto, representante de Izquierda Plural en dicha comisión. Toni Cantó, portavoz de UPyD, que “el Estado se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria. Es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio de la seguridad en un Estado”.
