6 de agosto de 2014

Consecuencias del laudo arbitral a instancias de la empresa Alerta y Control

El pasado 3 de julio de 2014, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos designó a un árbitro para resolver la controversia sobre la inaplicación del Convenio Colectivo iniciada por la empresa Alerta y Control. Este mediador dictó un Laudo arbitral, el cual os adjuntamos, y dado que el contenido del mismo es de especial importancia para el devenir futuro del sector, os solicitamos que los servicios jurídicos de vuestros respectivos territorios lo analicen y extraigan las consecuencias que su aplicación supondría. Este laudo tiene carácter vinculante y es inmediatamente ejecutivo, aunque está presentada una demanda contra el mismo ante la Audiencia Nacional, entre otros, por la USO.
Lo que podemos adelantar es que el laudo, jurídicamente, es válido, que se puede aplicar de momento, y que tiene unas consecuencias socio-económicas nefastas para los trabajadores/as:

-La ampliación de la jornada laboral a 1826 horas anuales de trabajo efectivo en cómputo mensual, a razón de 166 horas.
-La supresión del permiso retribuido de un día por asuntos propios, de un día de vacaciones, y de las compensaciones económicas en supuestos de ilt.
-Supresión de la paga de beneficios de percepción en el año siguiente en la cuantía proporcional a la entrada en vigor de la medida.
-Congelación de la maduración de quinquenios que dan derecho al abono del complemento de antigüedad.
-Desestima la pretensión de modificación de los criterios de cálculo de los pluses de transporte y vestuario.
-Todo esto, supone una pérdida salarial estimada en un 12 %.

Si determinadas empresas estaban buscando un camino alternativo al marcado por el actual convenio colectivo estatal para primar sus intereses personales y ganancias económicas a costa de los trabajadores, con este laudo lo han encontrado. Si bien, tenemos la plena confianza en que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional revocará el laudo arbitral y continuarán vigentes las cláusulas contenidas en el Convenio estatal, ampliamente aprobado y respaldado por los representantes del sector de la seguridad privada.